El Comité de Acción Fiscalizadora, es un Cuerpo creado por el Consejo Directivo de la Institución, que inicia su actividad en el transcurso del año 1983 y tiene por objeto combatir el ejercicio ilegal de la actividad, materializado en la realización de tareas relacionadas con las Ciencias Económicas por parte de personas “prácticas o idóneas”, colisionando ese proceder con las incumbencias que las Leyes Nacional 20.488 y Provincial 10.620 fijan como propias de los profesionales en Ciencias Económicas. Es de destacar también, el accionar que se lleva a cabo contra los profesionales no matriculados en este Consejo, que desarrollan su actividad en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en abierta contraposición con la normativa vigente en este aspecto y con los fallos de las Cortes Nacional y Provincial.
Basado en las estructuras legales, (Código Penal, Leyes mencionadas), el Comité fue evolucionando y perfeccionando sus normas de procedimiento, para cumplir de manera más eficiente sus objetivos, ya que el accionar de estas personas ( en el caso de los no profesionales), ocasiona perjuicios tanto a los matriculados como a la comunidad toda, lo que más allá de constituirse en una competencia desleal, provoca el descrédito de la profesión, viéndose la Sociedad en su conjunto, perjudicada por esta práctica, dado que estas personas no cuentan con los conocimientos y habilitaciones necesarias para prestar los servicios que brindan, a título enunciativo, los relacionados con las áreas impositiva, contable, laboral y societaria, entre otras. Al tratarse de personas no habilitadas para realizar por su cuenta este tipo de tareas y al no ser profesionales en Ciencias Económicas, el hecho obliga a que la Institución realice la respectiva acción penal por intrusismo profesional.
Los éxitos obtenidos, no solo deben medirse a través de las sentencias judiciales firmes contra los denunciados, sino también por la regularización de un número importante de casos, materializados en el cese de la actividad por parte del transgresor y también por la concreción de un importante número de matriculaciones de profesionales que venían desarrollando su actividad sin haber cumplido con esa exigencia.
